La escalofriante similitud del modus operandi del Santander en Banesto y Popular

Arianna Serras

La intervención del Popular reproduce el “modus operandi” de la utilizada en Banesto 25 años antes. Crear un agujero ficticio e incentivar querellas contra los anteriores gestores por la ampliación de capital anterior aprobada por el Banco de España y la CNMV

El 7 de julio de 1.993 el Banco Español de Crédito (Banesto) lanzó una ampliación de capital de, aproximadamente 600 millones de euros en dos tramos que fue suscrita en su integridad y había sido autorizada en los meses anteriores por la CNMV y el Banco de España (BdE). La auditora Price Waterhouse (PwC) no puso inconveniente a la misma; lo que garantizaba la veracidad de las cuentas de Banesto.

El 28 de diciembre de 1993, día de los santos inocentes, el BdE, dirigido por el gobernador Luis Ángel Rojo Duque y el subgobernador Miguel Martín Fernández, intervino Banesto por un supuesto agujero de créditos “dañados” de 3.636 millones de euros.

Como consecuencia de la intervención y del supuesto agujero, el Estado, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), inyectó en la entidad a fondo perdido 1.712 millones de euros de fondos públicos.

El 25 de abril de 1.994, el Banco Santander se adjudicó Banesto por 1.881 millones de euros en la subasta organizada por el BdE con una oferta que, por cierto, no llevaba la preceptiva firma de Emilio Botín.

Gracias a esta operación, el Santander se convirtió en el líder de la banca española. Emilio Botín mantuvo al frente de Banesto a Alfredo Sáenz Abad (por entonces vicepresidente del BBV) y al resto del equipo, entre ellos David Arce Torres, jefe de auditoría interna del Santander, a quien el BdE puso al frente de la entidad intervenida y le sirvieron de ayuda para hacerse con el banco, razón por la que percibieron 6,5 millones de acciones de Banesto, regalo que daría lugar a una querella por fraude fiscal.

Años más tarde el ex secretario del consejo de administración de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, en declaraciones ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcobendas y ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Guecho, reconoció que, entre 1994 y 1998, se habían recuperado 4.507 millones de euros de los supuestos créditos dañados.

De esta manera se demuestra que no existía el agujero de 3.636 millones de euros, que fue creado “ad hoc” para justificar la intervención, máxime cuando en 1993:

  1. se aprobó la ampliación de capital por la CNMV y el BdE,
  2. la auditora PriceWaterhouse no había expuesto salvedad alguna a las cuentas y
  3. el banco americano JP Morgan se había comprometido a suscribir la ampliación de capital a través de su fondo Corsair.

En resumen, podemos concluir que si se recuperaron 4.507 millones de euros es evidente que era falso el agujero de 605.000 millones que se hizo público para justificar la intervención. Si a eso le añadimos que el FGD inyectó 1.712 millones de euros a fondo perdido y no se contabilizó ni el fondo de comercio de Banesto ni su patrimonio inmobiliario y el Santander se adjudicó Banesto por 313.000 millones,  resulta que a la entidad cántabra le salió gratis la adjudicación del Banesto, al igual que le ha salido gratis el Popular. Mejor dicho, el Santander hizo negocio con la adjudicación de Banesto y lo ha hecho con el Popular.

Además, las recuperaciones de los 4.507 millones de euros se llevaron a cabo a través de una filial, SCI Gestión (antes SAES Aerotransportes Especiales) a la que se cedieron los supuestos créditos dañados para su recuperación de la que perfectamente se podría haber encargado el propio Banesto. Pero no interesaba que las recuperaciones aparecieran en las cuentas de la entidad, razón por la que las gestiones de recuperación se ejecutaron a través de SCI Gestión que no tenía obligación de consolidar cuentas y podía formular balance abreviado, lo que implicaba que sus cuentas no debían ser auditadas. De esa forma se podrían ocultar todos los importes recuperados. El BdE permitió tamaño dislate.

A todo esto hay que añadirle que el Banco Santander estableció una cláusula en la adjudicación de Banesto por la cual el FGD se hacía responsable de cualquier indemnización que, como consecuencia de la intervención, interpusieran los accionistas, razón por la cual tuvieron que indemnizar a Carlisle Ventures con 12 millones de euros tras la demanda judicial de la que conoció The United States District Court for the Southern District of New York (Sotomayor, J) en el caso 94, Civ 5835, 1996 WI, 680265.

En España, don Rafael Pérez Escolar calificaría los hechos como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española» en la querella que interpuso por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas, etc. contra Emilio Botín, Alfredo Sáenz, Ana Patricia Botín, Ignacio Benjumea, Jaime Pérez Renovales, el gobernador y subgobernador del BdE y otros ante la Audiencia Nacional que sería archivada por un auto de Baltasar Garzón tras el escándalo del patrocinio de los cursos en Nueva York.

Ni una sola de las 189 páginas de la querella tiene desperdicio alguno, y mucho menos aquellas en las que se relata la reunión de Gobernador y el Subgobernador del BdE con los presidentes del Santander y el BBVA en la casa del Gobernador el día de Navidad de 1993, tres días antes de la intervención de Banesto, para informarles de dicha intervención. Tras el encuentro, al parecer, se produjo la venta de acciones de Banesto por Ybarra y algún miembro del consejo ejecutivo del BdE.

Otra de las curiosidades que cuenta la querella es la declaración de “dañado” del crédito del Grupo Villar Mir de 105 millones de euros que, estando sobradamente garantizado, avalado y al corriente de pago se declaró que su valor era de 1 peseta, resultando, posteriormente, que se pagó en su integridad. Juan Miguel Villar Mir era entonces consejero del Banco Santander de Negocios y lo es actualmente del Grupo, habiendo adquirido al Santander la antigua sede de Banesto en 2.012 para el proyecto de Canalejas y, según fuentes bien informadas, que intermedió entre Emilio Botín y don Rafael Pérez Escolar.

También se puede destacar la mención a la declaración de Roberto Mendoza (vicepresidente ejecutivo de JP Morgan) ante la Audiencia Nacional, en la que manifestó que Banesto hubiera podido salir adelante con sus propios planes, que es lo mismo que venimos manteniendo en Diario16 respecto al Popular cuya intervención fue innecesaria y hubiera podido salir adelante si se hubiera aprobado por el BdE el plan de negocio presentado por Ángel Ron.

La querella de Pérez Escolar cifró las aportaciones al innecesario saneamiento en 7.200 millones de euros y la malversación de fondos públicos en 1.970 millones de euros.

En abril de 2005 el Gobernador del BdE, Luis Ángel Rojo Duque, sería nombrado consejero “externo independiente” del Santander. El subgobernador, Miguel Martín Fernández, fue nombrado presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) a propuesta de los bancos grandes de la AEB.

Fuente: Diario16.com

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